30 de mayo de 2011 | Destacado, Provinciales.

Se completó el Tribunal Federal que juzgará al represor Naldo Miguel Dasso por la desaparición de militantes concordienses en la dictadura

TRIBUNALES-9-af61bEl Consejo de la Magistratura de la Nación designó recientemente a María Ivón Vella, para ocupar el lugar de cuarto juez del Tribunal Oral de Paraná, que a partir del 27 de julio juzgará al ex ministro del Interior de la Nación, Albano Harguindeguy. Además, el juez Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejo, completará el estrado que encabezarán Roberto López Arango -presidente- y Lilia Carnero, ambos miembros titulares del TOP. Harguindeguy está acusado por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos.

Tanto Vallejo como Vella ya aceptaron los cargos respectivos, quedando constituido de manera definitiva el tribunal. A propósito de la magistrada santafesina, es preciso señalar que cuenta con experiencia en causas de lesa humanidad, ya que presidió el tribunal que el año pasado juzgó al ex comisario y presidente comunal de Rincón, Mario Facino, y le tocó actuar en el juicio al agente secreto del Ejército, Horacio Quique Barcos.

A propósito de Vallejos, fuentes vinculadas a la causa reivindicaron en declaraciones a El litoral su elección dado que “es una persona que ya tiene antecedentes en juicios de esta naturaleza, pues está actuando en la causa ‘Paneta’, que por delitos de lesa humanidad se tramita actualmente en Corrientes”.

Fecha y cronograma

En abril el Tribunal paranaense fijó fecha de juicio en la causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/infracción art. 151 y otros del Código Penal” para el 27 de julio, a las 10 de la mañana y determinó que las audiencias de debate se realizarán en el edificio de la Cámara Federal de Paraná, ubicada en 25 de Mayo 256, en pleno centro de la capital entrerriana.

Desde entonces, el Consejo de la Magistratura tenía 90 días para completar el cuadro de autoridades, que finalmente se concretó la semana pasada.

Según se informó oportunamente, el cronograma de audiencias para el juicio oral y público será de tres días por semana -miércoles, jueves y viernes- y se calcula que se extenderá a lo largo de tres meses.

Otra de las definiciones previas fue la cantidad de testigos que pasarán al centro del debate, que se calcula en más de 110; así como la realización de inspecciones oculares en la Delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay; y los regimientos de Caballería de Gualeguaychú, Concordia y Villaguay.

Comisión de Apoyo

Por otra parte, se conformó una Comisión de Apoyo a los Juicios, integrada por los organismos de Derechos Humanos, entre ellos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Registro Único de la Verdad, que colaboran con la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos a cargo de Roque Minatta, en lo atinente a coordinar acciones tendientes a procurar la protección de los testigos.

Durante el juicio, Harguindeguy será cuestionado por su responsabilidad durante los hechos acontecidos en el período 1976-1983, como presunto autor mediato de esos delitos, por lo que será la primera vez que se lleva a juicio al titular del Ministerio de Interior de la Nación.

Los otros cinco detenidos -tres militares y dos policías- están acusados de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita, cometidos contra 18 estudiantes secundarios secuestrados en julio de 1976 en la ciudad de Concepción del Uruguay, algunos de los cuales también padecieron tormentos. Además de las desapariciones en Concordia, de los militantes Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalazar; y una tercera persona que sufrió la privación de su libertad en Concordia.

Los imputados

Los cinco que estarán en el banquillo junto a Harguindeguy serán: Genaro Díaz Bessone -comandante del Segundo Cuerpo de Ejército-; Naldo Miguel Dasso -jefe del Área 225 Concordia-; Juan Valentino -jefe del Escuadrón de Gualeguaychú-; Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez -oficiales de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.

El dato

El ministerio Público Fiscal estará representado por Marina Herbel y José Ignacio Candioti; este último fiscal federal de Victoria, afectado a causas de Derechos Humanos que lleva adelante la Unidad Fiscal de Paraná, a cargo del fiscal de Cámara, Ricardo Álvarez.

Por otra parte, la abogada querellante será María Isabel Cacciopoli; y los imputados estarán representados por los abogados Mario Franchi (defensor oficial) y Eligio Abel González, Gerardo Ibáñez, Luis Fernando Velasco y Alfredo Battaglia (particulares).

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