30 de noviembre de 2012 | Concordia, Destacado.

Representantes legales de las víctimas de Concordia pidieron prisión perpetua para Naldo Miguel Dasso.

30112012_dassoLos abogados querellantes de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos en el Área Concordia durante la última dictadura cívico-militar, solicitaron este jueves que se pene a Naldo Miguel Dasso, ex jefe del Regimiento Blandengues 6, a prisión perpetua más las costas del juicio. Los representantes legales de los detenidos-desaparecidos Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, expusieron sus conclusiones sobre los hechos investigados. Por otro lado, Marcelo Boyekens, querellante por el caso de Juan Carlos Changui Rodríguez, del Área Concepción del Uruguay, solicitó 25 años de prisión para Julio César el Moscardón Verde Rodríguez, sargento de la Policía Federal. Durante su exposición, el letrado además requirió al Tribunal Oral Federal de Paraná que en el fallo incluya al genocidio ejecutado por las fuerzas de seguridad durante el último gobierno de facto.
“Los delitos ventilados son algo más que de lesa humanidad, porque hubo más que un plan sistemático que seleccionó y atacó a determinadas personas. Fueron contra un grupo al que consideraron enemigo. Lo que sucedió en el país fue un genocidio”, sentenció. Al plateo adhirieron todos los abogados que se manifestaron posteriormente.

Concluyeron los alegatos de los querellantes en la Causa Harguindeguy, que ventila los delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. La etapa procesal se inició este miércoles con la exposición de los abogados que representan las víctimas de Concepción del Uruguay y se completó hoy con las conclusiones de los representantes legales de las víctimas de Concordia.

Vale destacar que la Megacausa también acumula el expediente del Área Gualeguaychú, pero allí no hay querella particular.

El debate continuará el 5 de diciembre a las 10.30, con el alegato de la Fiscalía.

Genocidio

“Tenemos la convicción de que lo que ocurrió fue un genocidio”, determinó durante su alegato Marcelo Boyekens. Y pidió que la denominación sea incluida y reconocida en el fallo de la Causa. “No pretendemos cambiar la imputación, simplemente que se reconozca el genocidio”, insistió.

El abogado explicó que los delitos cometidos no fueron contra personas particulares. “Las desapariciones de Norma Beatriz Noni González, de Oscar Alfredo Dezorzi, de Jorge Emilio Pappeti, de Julio Alberto Solaga, ni de Sixto Zalasar no fueron en contra de cada uno de ellos, sino porque la dictadura calificó a su organización como enemiga. La dictadura fue contra un grupo nacional político para destruirlo completamente o en parte. Se califica como delitos de lesa humanidad a aquellos que son un ataque generalizado contra la población. En cambio, el genocidio exige un ataque discriminado, en este caso fue contra activistas militantes que soñaban un país mejor y se oponían al régimen de facto. En este caso, vale decir que se atacó a personas con el fin de vulnerar sus colectividades de pertenencia. De todos aquellos que luchaban por un país distinto al que quería el ‘Proceso de Reorganización Nacional’”.

“Los bombardeos a Plaza de Mayo constituyen un delito de lesa humanidad, porque en la Plaza pudo haber niños, ancianos, peronistas, radicales, comunistas o montoneros. Una cosa distinta son los genocidios. No caben dudas, después de ocho largos meses de debate, que las acciones ilícitas llevadas a cabo por los nueve imputados, que luego fueron ocho y ahora son siete (en referencia a Ramón Genaro Díaz Bessone que fue apartado del debate y a Albano Harguindeguy que murió hace algunas semanas), son un genocidio. ¿O vamos a entender que la privación ilegítima de la libertad, los tormentos aplicados y la desaparición forzada de personas se cometieron por un mimeógrafo y no por su militancia social, barrial e incluso en la Iglesia?”, inquirió.

“Mirar estas circunstancias es entender que un grupo de argentinos fue perseguido por ser revolucionario”, precisó.

Asimismo, entendió que “los imputados son responsables de los secuestros y torturas, y formaron parte del plan sistemático con el propósito de destruir a un grupo de argentinos, los que militaban, y no necesariamente en un grupo político. El ataque fue contra un grupo nacional, y no fue la nacionalidad lo atacado, sino las características comunes que unían a esos ciudadanos argentinos que conformaban eso grupo humano”.

En la misma línea, continuó: “El genocidio fue preparado tiempo antes, y fueron los represores quienes decidieron aniquilar al grupo o parte del mismo. Para concretarlo, definieron a ese grupo como ‘subversivos’. Estos hechos constituyen un genocidio”.

Boyekens aclaró que para “garantizar los derechos” no pediría que se condene a los imputados por genocidio, “pero sí vamos a solicitar que se lo reconozca”. “En el convencimiento que el derecho es constructor de la verdad, es necesario entender que en Argentina hubo un genocidio, algo más que delitos de lesa humanidad. Y acá el debate no sólo es jurídico, sino además es social y cultural, porque hoy habría que discutir cómo sigue un modelo impuesto a sangre y fuego. Entonces, consideramos que aquí se juzgaron hechos que no son aislados, sino parte de un plan sistemático”.

Antes de plantear y explicar el genocidio, el letrado hizo referencia a la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados a su representado, por ser en 1976 un joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) que iba a 5to. año. Recordó que las imputaciones a el Moscardón Verde fueron ratificadas por numerosos relatos de víctimas y testigos en el expediente y durante el debate oral.

El alegato fue completado con el pedido de pena para el sargento de la dependencia de la Policía Federal de La Histórica. “Solicitamos para Rodríguez la pena de 25 años de prisión en dependencia del Servicio Penitenciario Federal y costas del juicio. Todo ello en el marco del genocidio cometido en nuestro país, entre 1976 y 1983”.

Lamento también que las sentencias no llegarán a cumplirse por la edad de los represores, pero marcó: “La pena es aleatoria y circunstancial, por eso, el reconocimiento del genocidio permitirá a la sociedad prevenir y solidarizarse”.

Por último, advirtió al Tribunal compuesto por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango que “las víctimas no están buscando un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino un antecedente jurídico en el país”.

Pidieron la reclusión perpetua para Dasso

En la lucha contra las bestias hay que cuidarse de no convertirse en bestia uno mismo. Si tu mirada se dirige sólo hacia el abismo, el abismo acaba por infiltrarse en ti.

Con esa frase del ensayo Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche abrió su alegato el abogado querellante Rubén Pagliotto.

“Llegamos a este juicio sin ningún espíritu de venganza. Todos aquí dijeron lo justo. Tan justos fueron algunos que hasta a veces dijeron de menos por pudor”, determinó, al tiempo que recordó: “Los familiares del desaparecido Sixto Francisco Zalasar pidieron a los represores en este recinto que digan la verdad, pero los imputados callaron”.

“Hoy me toca acusar a quien detentaba el grado como oficial del Ejército, un teniente coronel con la función de jefe del Regimiento Blandengues Nº 6, Naldo Miguel Dasso, y responsable del Área 225 Concordia, cuya influencia llegaba hasta Federal”, aclaró al inició.

El querellante pido la reclusión perpetua para Dasso, “concursándose la privación ilegítima de la libertad agravada, por subsumirse la desaparición forzada con alevosía, por el homicidio y por buscar como fin la impunidad, y pertenecer a una asociación ilícita”.

Explicó que cuando el acusado pidió incluir sus pruebas al expediente, que eran algunos artículos periodísticos de la época, esos documentos sirvieron para incriminarlo aún más. Aseguró que “quedó probado y comprobado” que el entonces jefe del Área Concordia “revestía el carácter de funcionario público”.

“Adelante de Dasso estaban Trimarco, Díaz Bessone y Harguindeguy, pero él estaba en una línea muy importante de represores. Hablo precisamente que comandaba la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario provincial en su zona”, marcó.

“Estamos averiguando la desaparición forzada de Sixto Zalasar. La desaparición de un muerto sin cuerpo. Fue desaparecido para convertir en aparente la materialidad, y de eso trataba el plan. Pero hay que entender que analizando ese contexto histórico, no hace falta tener el cuerpo para configurar el delito de homicidio”, argumentó. “Los desaparecidos están muertos -pronunció de inmediato-, y fueron desaparecidos cuando ‘la patota’ que cumplía los designios de la máquina de matar, que fue llamada con alguna indulgencia del lenguaje ‘aparato de poder organizado’”.

En tanto, recordó que Dasso habló en el recinto de “elementos”, en referencia a quienes pertenecían a un grupo distinto del suyo. “Esta forma de referirse a las personas demuestra el ideolecto, es decir la ideología que cohesiona un grupo que habla el mismo lenguaje”, definió.

Además, adhirió al planteo de genocidio que hizo su par, Marcelo Boyekens. “Es rigurosamente cierto que no se persiguió al argentino en forma indiscriminada. Esto fue un genocidio. No fue un ataque indiscriminado contra la gente, fue discriminado y absolutamente selectivo”, apuntó. “La reparación a las víctimas está en decir en el fallo que todo esto ocurrió en el marco de un genocidio”, agregó.

Dijo que en su imputación contempla la alevosía del los delitos por “la superioridad numérica y la imposibilidad de defenderse de las víctimas. Porque iban armados fuertemente. Por el factor sorpresa. Por la violencia con la que se llevaron a cabo las detenciones”.

Añadió en su alegato que los represores tuvieron una “ultra finalidad” y fue “lograr la impunidad, para lo cual desaparecían a las personas. Los mataban y los desaparecían para desaparecer la evidencia”, recalcó.

Acotó que integrantes de las fuerzas de seguridad conformaron una asociación ilícita nacional, que “hacía pie jurisdiccionalmente en cada jefe de Área”. “Hablaban de aniquilar el enemigo ‘subversivo’”.

Pidió la “pena mayor de reclusión perpetua con una inhabilitación absoluta perpetua”, y completó: “Queremos que los nietos y los hijos de ellos sean mejores”.

Por otro lado solicitó que se abra si así no se hizo aún o se profundice en el caso de que esté abierta, una causa contra Miguel Arcángel Castaño, uno de los tres choferes que condujo el Renault 4 que trasladó a Zalasar antes de ser desaparecido. En igual sentido requirió un proceso contra Santos Olivera, también sindicado como conductor del Renault 4 el día del secuestro. “Si alguna duda tenía sobre Santos cuando miraba el expediente, esas dudas se mitigaron cuando lo escuché mentirle al Tribunal como lo hizo”, reclamó. “Ese señor niega todo. Pido su imputación por la función que desempeñó y el rol que le cupo en el secuestro de Zalasar, más allá del falso testimonio”, aclaró.

También pidió la acusación contra Jorge Echeverría, un militar que integraba la plana mayor del Ejército en Concordia y pertenecía al área de Inteligencia. Durante el debate, Echeverría consintió que era encargado de hacer inteligencia, pero entre otras funciones describió que llevaba un mapa de meteorología, e identificaba “enemigos potenciales que eran países vecinos como Paraguay, Brasil y Chile”.

Desaparecidos

Por su parte, María Isabel Caccioppoli se encargó de describir las circunstancias en que desaparecieron Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar.

“Sixto fue detenido el 26 de mayo del ’76. Subido a un Renault 4 cuando salía a trabajar. Su esposa y sus hijas escucharon los gritos desgarradores del papá, que decía que lo iban a matar. La familia fue tratada con violencia. Los hombres estaban armados, apuntaron la panza de la señora que estaba embarazada. Una de las hijas salió corriendo detrás del auto en el que llevaban a su padre. Los hombres que lo fueron a detener fueron tres o cuatro personas armadas que lo metieron en el vehículo golpeándolo”, recordó.
“Esta historia fue reconocida por los testigos, por la propia familia de la víctima. A Sixto Zalasar lo buscaron. Acudieron al jefe del Regimiento para recabar información porque era quién tenía el poder en Concordia”, acotó.

Se refirió de la misma forma a Julio Alberto Solaga. “El 22 de noviembre del ‘76 fue detenido en frente de su casa. Hubo un único testigo, quien advirtió la presencia de un Renault 12 desconocido que estaba detenido en el lugar. En su interior había tres o cuatro personas que se identificaron como de la Policía Federal, les pidieron el DNI a los dos y cuando Solaga se identificó lo detuvieron. El ahora desaparecido no ofreció resistencia y se fue. Desde allí, a pesar de las búsquedas de su familia, no se pudieron recabar mayores informaciones”, precisó.

“El terror tuvo éxito”

“Todavía hay silencios, horrores y misterios que se mantienen porque la política del terror tuvo éxito”, estableció el tercer abogado querellante del Área Concordia y en representación de Solaga, Arturo Goldtrac. “Esta querella le va a imputar a Dasso la privación ilegítima de la libertad, el homicidio calificado por ensañamiento o alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar impunidad para sí u otros, y la asociación ilícita”, precisó.

“Pediré que sea condenado a perpetua y creo que el genocidio debe ser considerado”, adhirió al planteo de Boyekens, igual que sus pares. “El genocidio se caracteriza por el afán u objeto de eliminar al diferente”, valoró.
Consideró también que si bien le tocó la representación de Solaga y la familia, “no hay dudas de que todos los hechos investigados están vinculados, y todos son prueba entre sí”.

“Por una u otras circunstancias, Solaga murió. Lo mataron y los responsables son coautores, porque algunos presenciaron el secuestro por ejemplo, o la aplicaron tormentos. Nada de lo que sucedió hubiese sido sin la función de cada uno cumplió”.

Dijo que durante el debate “se develó el ‘modus operandi’ con el que actuaban las fuerzas de seguridad”.

Pidió que toda la información surgida a partir del juicio sea enviada a distintas corporaciones como la Iglesia. “Para que sepan lo que acá se investigó. Además, que el Ministerio Público de la Nación cuente con esta información y sea incluida en las estadísticas nacionales”.

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