3 de septiembre de 2010 | Nacionales.

Monotributo: Analizan aplicar subas cada seis meses en el aporte a la obra social

Sería en un porcentaje similar al del alza promedio de los salarios de convenio. Además, dispondrían una escala para que paguen más para la salud quienes facturen más, a diferencia de lo que ocurre ahora, que rige un aporte de $ 70 para todos. El Gobierno estudia la posibilidad de disponer un mecanismo automático para elevar periódicamente los aportes a las obras sociales que pagan los monotributistas y el personal de servicio doméstico, en un porcentaje similar al del alza promedio de los salarios de convenio.

Además, el objetivo sería disponer una escala para que, dentro del esquema del monotributo, paguen más para la salud quienes facturen más, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que rige un aporte de $ 70 para todos por igual.

De aprobarse, la medida tendría su impacto en 1,2 millones de monotributistas del esquema general y en otros 300.000 que están en el monotributo social y, por lo tanto, abonan la mitad del aporte para la atención sanitaria. Además, subiría el aporte a la obra social del personal doméstico, que hoy está en $ 46,75 por mes.

El proyecto fue explicado por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, que participó del XIII Congreso de Salud de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), y también anunció que se enviará un proyecto de ley para obligar a los afiliados de las obras sociales y, eventualmente, de las prepagas a que antes de presentar un recurso de amparo por reclamo de coberturas, pasen por una instancia de conciliación obligatoria.

1 MONOTRIBUTOEl mecanismo de ajuste automático de aportes a las obras sociales incluiría también, según el proyecto, el monto de la cápita que paga el PAMI a los prestadores y el aporte transferido por la Anses a las obras sociales para la atención de quienes cobran el seguro de desempleo del sistema de la seguridad social.

Bellagio especificó, en diálogo con periodistas, que según la iniciativa los aportes subirían a la par de la actualización del ingreso mínimo mensual por afiliado que tienen garantizado las obras sociales. Esa cifra, que se mueve en los meses de diciembre, subió un 24,5% en 2008 y un 29% en 2009. Los porcentajes corresponden al promedio de las subas salariales promedio, acordadas en los convenios colectivos, según información que el Ministerio de Trabajo le pasa a la Superintendencia. Ahora se evalúa que el ajuste se distribuya en dos veces por año.

Bellagio también anunció que el Ministerio de Salud enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un sistema de conciliación obligatoria previa a un juicio por reclamo de afiliados de las obras sociales, por la cobertura de prestaciones. Así, antes de presentar un amparo a la Justicia para que una prestación sea cubierta, la persona debería ir a la instancia administrativa. Según el superintendente, el tema fue hablado ya con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

La intención de esa iniciativa es que disminuya la cantidad de amparos que ingresan a la Justicia. Hoy, la Superintendencia tiene un área para resolver reclamos, pero acudir a esa instancia no es algo obligatorio. Bellagio sostuvo que ingresan unos 100 pedidos por mes y que el 90% se resuelve, por lo que se evitan los juicios.

Como el organismo regula sólo a las obras sociales, en principio el sistema funcionaría para esas entidades y para el PAMI, pero no se descarta que queden también alcanzadas las prepagas, ya que, si bien no tienen un marco regulatorio específico, sí están obligadas por ley a otorgar el mismo programa médico que las obras sociales.

Pablo Giordano, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), opinó que para las prepagas sería muy beneficioso ser incluidas en un sistema de conciliación previo a juicios. Sin embargo, algunos referentes del sector privado de la salud expresaban ayer aquí varias dudas sobre la viabilidad de la propuesta. «Un amparo necesita de un trámite rápido; no creo que sea aceptable no garantizarle al afiliado que pueda reclamar por la vía rápida judicial», afirmó el director de una entidad. Una traba práctica sería el hecho de que la Superintendencia tiene sus oficinas en la Capital, sin una red en el interior. Fuente: La Nación

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