4 de noviembre de 2009 | Concordia.

La Sala Penal de Concordia libero a Roberto Pelayo por el beneficio de la duda

tribunales_de_concordia-12-fc63dLa Sala Penal de Concordia resolvió que no se pudo probar que Roberto Luciano Pelayo, de 23 años, fuera penalmente responsable del delito que se le imputaba: “portación ilegitima de arma de guerra”, por el hecho ocurrido el 13 de enero pasado, en el que la Policía secuestró un revolver calibre 38 a dos jóvenes que iban en una moto. Para la Sala, no está claro cual de los dos detenidos portaba el arma y los testimonios policiales no dieron mucha luz al debate.

Ayer se conoció la sentencia del caso por portación ilegal de arma de guerra contra Roberto Luciano Pelayo, de 23 años. El hecho se remonta al 13 de enero del corriente, cuando una comisión policial detuvo a dos masculinos que iban en moto por la vía publica; Pelayo iba de acompañante y se detuvieron ante la voz de alto, luego de ser identificados, se les descubrió un arma calibre 38. Lo que no se pudo dilucidar fehacientemente en esta audiencia es dónde estaba el revolver, ya que algunos testimonios policiales decían que fue hallada entre las ropas de Pelayo, tal como afirma la acusatoria fiscal elevada desde el juzgado de Instrucción. Otro testigo policial dijo que vio cuando el imputado le cedió el arma al otro individuo y que este la puso en el piso, y otro funcionario policial refirió que el arma no fue secuestrada cuando palparon a Pelayo, sino después. Por su parte el imputado refirió que había visto el arma sobre el asiento del ciclomotor, cuando estaba reducido en el piso, que él no la tenía y finalmente se sumaría al debate la duda sobre la procedencia del arma puesta sobre el tapete por el abogado defensor, quien afirmó que obraba en el expediente una declaración del otro individuo que fue detenido con Pelayo y que no había sido procesado, en la que el muchacho reconocía que el arma era de su abuelo, que la había probado un par de veces pero no había funcionado y da detalles características de la misma.

Testimonios contradictorios Otro de los puntos reconocidos por el tribunal fue la contradicción en al menos uno de los testimonios de los funcionarios policiales que intervinieron en el hecho, por lo que señalaron que esta contradicción, evidente, impide arribar a la certeza necesaria para condenar al imputado.

Otros planteos de la defensa La sentencia del tribunal se expidió sobre uno de los planteos propuestos por la defensa, y aunque el resultado fuera el mismo, el defensor también había propuesto en su alegato, otros motivos que incurrieran en la absolución de su defendido; uno de los casos fue poniendo la duda sobre, si el arma no estaría en la guantera del ciclomotor, que de ser así la causa sería por tenencia de arma y no portación y hubiese sido contra el dueño de la moto. A esta acusación llegaría el defensor oficial luego de aclarar que desestimaba la legitimidad de la detención policial que había dado curso al secuestro del arma. Detención que tachó de “inconstitucional” en su alegato, argumentando que era violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, por lo que entendía que si los funcionarios ya habían actuado violando la ley en un primer momento, también podrían haberlo hecho después, y por ello también desestimó la objetividad de sus testimonios. “Mi defendido no fue detenido por portación de arma, fue detenido por portación de apellido” acusó el letrado en su alegato.

Evitar las nulidades En los últimos años, un importante número de causas han sido abordadas por los defensores desde la crítica al procedimiento policial o judicial, formulando estos argumentos como base de la defensa, y dejando a un segundo plano el hecho propiamente dicho. La posibilidad de anular actuaciones enteras, declaraciones y pruebas en contra del imputado, era muy fácil y más “efectiva” que plantear una pena morigeradora, cuando con las nulidades se podría alcanzar la absolución, si se logra anular una prueba fundamental. En esta causa también se planteó la nulidad por un procedimiento policial que era violatorio de lo que dice nuestra Ley madre, la Constitución. En este aspecto, es loable destacar que la mayor intervención de fiscales en la investigación de los hechos, con el nuevo código de procedimientos, venga a clarificar las actuaciones investigativas y puedan evitar o reducir estos vicios, en los que incurrían los funcionarios policiales por falta de conocimiento de las leyes, o por apuro. Y en una investigación controlada por un juez de Garantías, podría arribarse al juicio con mínimas posibilidades de que se planteen nulidades en esa instancia. De este modo, ya no habrá absoluciones por el beneficio de la duda, pues de ser así, en teoría, no llegarían a juicio.

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