24 de mayo de 2012 | Provinciales.

La bancada radical en Diputados exigió la remoción de Casaretto

ba nLa bancada radical exigió en la madrugada de este jueves la remoción del titular de la Administradora Tributaria, Marcelo Casaretto y rechazó, junto con el FAP-GEN y el Partido Socialista (PS), la propuesta del oficialismo que convirtió en ley el decreto reglamentario del Inmobiliario Rural. El texto, que veladamente aprobó el Senado el martes, tuvo sanción definitiva con los votos del oficialismo. El bustismo se abstuvo. Con esta sanción se ratifican en todos sus términos las disposiciones del decreto 486/12, que fija los “valores unitarios básicos” por hectárea de la tierra libre de mejoras para las parcelas rurales, para cada una de las zonas “agroecológicas económicas uniformes” en la provincia.

Tras una hora de sesión, el oficialismo impuso su mayoría para convertir en ley el decreto reglamentario del Inmobiliario Rural y trancarle así al campo toda posibilidad de un planteo judicial. La ley fue duramente cuestionada por la UCR, a través del jefe de esa bancada, Agustín Federik, mientras que la federal Rosario Romero advirtió que la iniciativa no evita la cuestión judicial. Desde el FAP GEN se exhortó a saldar las diferencias en una mesa de diálogo. El oficialismo, a través de Juan Reynaldo Navarro y Luis Jakimchuk cerró filas tras el proyecto que no pudo tratarse en la sesión de la tarde porque, por primera vez, el oficialismo no conquistó a la oposición para las tablas, consignó Recintonet.

Los radicales, que en un momento evaluaron no bajar al recinto, lo hicieron luego con un pedido expreso: Exigieron la remoción de Marcelo Casaretto “porque frente a los representantes del pueblo dijo una cosa y frente a los jueces reconoció que el valor del Inmobiliario es el del último año. Es una ofensa para esta Cámara y al pueblo”, afirmó Federik al exigirle al Ejecutivo la cabeza de su recaudador.

Federik aseguró que la sanción de la ley tuvo como fin “salvar las mentiras que (Casaretto) emitió ante esta Cámara”, asestó luego de un repaso por la accidentada vida de la ley 8672. “No encontramos otros fundamentos que la voracidad fiscal y esto nos hace pensar seriamente en el estado de las finanzas provinciales”, evaluó Federik al abrir el debate que se prolongó durante una hora, exactamente y que cerró el oficialismo.

El radical criticó la mecánica legislativa porque -dijo- “estamos modificando una ley que aprobamos en febrero tuvimos que derogar la ley de islas fiscales y modificar el presupuesto”, cuestionó tras exigir que se constituya una comisión que discuta el tema del campo porque -aseguró- “esta ley ratifica que se violó la ley y que el cálculo del impuesto es sólo sobre el último año”.

Rosario Romero, del Frente Entrerriano Federal, reprochó el incumplimiento del oficialismo al pacto de no tratar leyes sobre tablas y fue a una cuestión medular. “No es una ley especial por lo que no salva un debate judicial porque en nada modifica la ley madre. Si hay un error no se soluciona la cuestión judicial, la ratificación lo que hace no es sanear la ley, sino que lo repite”, fundamentó Romero, de profesión abogada.

Y, aseguró que el texto “no salva la judicialización”, tal como pretende el oficialismo con esta sanción. Y tras advertirlo pidió autorización para que el bustismo se abstuviera de votar, lo que le concedió sólo la mayoría.

Desde el FAP GEN-, María Emma Bargagna, pidió una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos mientras que el oficialismo estuvo representado por Jakimchuk que defendió el alcance del texto y cuestionó duramente a la oposición a la que acusó de utilizar argumentos “inverosímiles” mientras que Navarro defendió la justicia que impone el proyecto a la política tributaria y lo hizo enumerando tramo por tramo los valores que se fijan por hectárea.

Tras una hora, y por pedido del oficialismo, se cerró el debate y al momento de la votación, el bustismo se abstuvo, la UCR, el PS y el FAP-GEN rechazaron el texto mientras que el oficialismo impuso su número para sancionar definitivamente el proyecto que deberá promulgar el Poder Ejecutivo.

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