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30 de abril de 2011 | Provinciales.

«Hay en juego entre 6 y 7 millones de dólares, pero la cifra «puede incrementarse mucho más porque le escondieron información»

Ana María Huergo, esposa del agrimensor Fernando Alba Posse y autora de la carta pidiendo justicia a los presidentes de Argentina y Uruguay, reveló que Cristina Fernández de Kirchner respondió a la misiva con la promesa de trasladar su inquietud a los «organismos correspondientes». En diálogo periodístico, Huergo precisó que hasta donde su marido pudo investigar, en el caso «hay en juego entre 6 y 7 millones de dólares», pero la cifra «puede incrementarse mucho más porque le escondieron información».

Relató que en una reunión privada, Juan Carlos Cresto -actual presidente del organismo binacional nombrado tras un acuerdo político con el gobernador Sergio Urribarri-, amenazó a su esposo con echarlo si no se dejaba de «jorobar» y al poco tiempo lo despidieron sin causa. También contó que dos ribereños en la zona de Corrientes lo amenazaron de muerte. «Callate la boca o vas a terminar en una zanja», le dijeron. Huergo de Alba Posse dijo estar segura de que su esposo cumplió con su trabajo.

«Hubo una auditoría argentina que ratificó absolutamente todo lo que él dijo», remarcó. Usó el término «calvario» para resumir lo que vive su familia «desde que el vicepresidente de CTM, el Dr. Stola, elevó la causa a la Justicia». Aseguró que su esposo está atravesando una situación de salud delicada, con «presión orgánica» y «depresión psíquica». Sin prestarse a grabar sus dichos, el propio Fernando Alba Posse confió a El Entre Ríos que presentó una denuncia penal contra Juan Carlos Cresto.

También adelantó que este viernes serán sorteados los jueces del Tribunal Arbitral que intervendrán en la causa laboral. El agrimensor trajo a colación que en las leyes anticorrupción de Argentina y en las uruguayas se establece que debe haber protección para los testigos que atestigüen en casos de corrupción. En cambio, a él, en vez de protegerlo lo echaron. La entrevista con Ana María Huergo de Alba Posse por parte de El Entre Ríos

El Entre Ríos (EER): ¿Por qué se decidió a enviar la carta a los presidentes?

Ana María Huergo (AMH): La carta en realidad surgió porque nosotros pasamos por una situación de impotencia. Es un hecho de corrupción abierto pero no salía nada a la luz. Todo esto estaba absolutamente oculto y a mí me parece que estas cosas tienen que salir a la luz. Para que la corrupción se pueda corregir y se puedan tomar las medidas necesarias, hace falta darlo a publicidad. Y qué mejor que una carta para poner en conocimiento a la gente, a los periodistas, a los presidentes y a quien corresponda de estas irregularidades.

EER: ¿en qué momento comienza el hostigamiento a su esposo que Usted denuncia?

AMH: Cuanto el vicepresidente de CTM, el Dr. Stola, lleva el tema a la justicia, ahí empieza nuestro calvario, porque antes mi esposo no estaba afectado ni tenía ningún problema.

Mi esposo le comunica todas las irregularidades al Dr. Stola y él decide hacer la denuncia penal. Mi esposo es testigo de esto. Ni siquiera es denunciante. Es testigo porque él vio las irregularidades, las comprobó. Imagínese que para hacer semejante denuncia él tomó todas las medidas, él es agrimensor. Inclusive hubo una auditoría argentina que ratificó absolutamente todo lo que él dijo.

Ahí empezaron nuestros problemas. A partir de ese momento el Señor Cresto, presidente de CTM, se enfureció y tomó la medida que tomó. O sea, lo despidió, sin causa. En realidad todo el mundo sabe que no es cierto. Hay una causa encubierta. La causa es haber salido de testigo y haber descubierto todo lo que descubrió.

EER: En su carta menciona que, previo al despido, Alba Posse había sido presionado. ¿A qué se refiere?

AMH: El presidente de la CTM, el Señor Cresto, lo aprieta a mi esposo y le dice ‘mirá, dejate de jorobar con estas cosas porque te voy a echar’. Pero esto quedó en un fuero muy íntimo. Nadie es testigo de eso.

EER: Y la amenaza de ribereños, ¿cómo fue?

AMH: La verdad que lo pasamos mal. Yo estaba muy asustada porque una vez él estaba midiendo y, creo que era en la parte de Corrientes, se acerca una camioneta –de esto sí hay testigos, pero no quieren hablar porque es gente de trabajo que tiene miedo que lo echen-. Se acercan dos propietarios y lo amenazan de muerte. Le dicen que se calle la boca, que no siga jorobando con todo esto porque va a terminar en una zanja. Eso es literalmente lo que le dijeron. Él hace la denuncia de esto. No recibe ningún tipo de protección dentro de la CTM. Imagínese cómo puedo estar yo a 400 kilómetros de distancia. Él trabajando en Corrientes y yo acá en Citibel. Cada vez que se iba yo tenía el corazón en la boca, porque no se sabe si esto es una simple amenaza o puede ir algo más allá no cierto.

EER: ¿Contestaron a su carta ambos presidentes?

AMH: El presidente Mujica no contestó. La presidenta de Argentina sí. Me envió una carta contestando. Por supuesto que no ella pero no recuerda ahora firmada por quien, diciéndome que todo esto que yo cuento lo van a derivar al lugar donde corresponda. Es una carta muy formal donde hacen una devolución de mi pedido. Al menos están en conocimiento de esto que está pasando. Pero por la parte uruguaya todavía no recibimos ninguna contestación.

EER: ¿Cómo está hoy su esposo?

AMH: Él estuvo con picos de presión. Tuvo situaciones de depresión. Presión por un lado, orgánico, y situación de depresión también porque nosotros tenemos una familia. Esto nos desestabiliza económicamente, emocionalmente, en todo. El hecho de uno se quede sin trabajo, un trabajo digno, un buen trabajo como era el de CTM, a cualquiera lo afecta. Mi esposo en estos momentos está atravesando una situación psíquica delicada. Está tomando pastillas porque no puede dormir. Está triste, obviamente. Se está replanteando todo esto. Al final en este país el que denuncia es al revés de lo que tiene que pasar. El que está denunciando un hecho de corrupción se queda sin trabajo. Esto nos afecta muchísimo, por supuesto. Uno tiene principios, convicciones, tiene valores, que no los vamos a cambiar nos vaya como nos vaya. Esperemos que nos vaya dentro de todo bien, que podamos confiar en un país que proteja en este tipo de casos, que esto no quede en la impunidad.

Yo creo que el tribunal arbitral va a ver toda la documentación, todo lo presentado, va a hacer justicia realmente. Eso es lo que espero. No sé si va a ocurrir. Creo que, viendo las cosas objetivamente, tiene que fallar como corresponde. Yo estoy absolutamente segura que tenemos la verdad, de eso no me cabe ninguna duda, que Fernando midió las cosas como corresponde, que hizo las cosas muy bien. Las irregularidades tienen que salir a la luz, pienso. Es un tribunal argentino y uruguayo. A mí me parece que sí, que esto se va a esclarecer.

EER: De acuerdo a lo que le ha dicho su esposo, ¿cuánto dinero estaba en juego en este caso?

AMH: Mucho dinero. Lo que pasa es que a mi esposo le ocultaron mucha información. Cuando vieron que él no estaba del bando de los corruptos empezaron a escatimar información. No le empezaron a dar carpetas comprometidas. Un montón de cosas se fueron ocultando. Él me decía que hasta donde él conoce la cifra en juego era de 6 a 7 millones de dólares. Hasta donde él conoce pero esto puede incrementarse mucho más porque le escondieron mucha información.

EER: ¿Cómo llega su esposo a trabajar en Salto Grande?

AMH: Por referencias de una persona que fue secretario de energía, el ingeniero Marchesi, lo contratan. Necesitaban un agrimensor porque una persona se había jubilado. Él entró en el año 2005 a trabajar, en septiembre. Creo que estaba en ese entonces en la presidencia el Dr. Chagas o estuvo un poco más adelante. Chagas estaba muy contento con su desempeño, todo bien.

Hay una contradicción terrible. Seis meses antes de que a él lo echen, lo dejan efectivo. A él lo despiden en febrero y más o menos unos cinco o seis meses antes le habían dado ya el okey, en planta permanente. Imagínese la contradicción enorme que hay en todo esto. Estuvo como a prueba cuatro años, pasa a planta permanente y seis meses después lo despiden sin causa, o sea que es una cosa de locos.

EER: ¿Tienen hijos?, ¿hablan con ellos de lo que les está pasando?

AMH: Tengo tres hijos. Es muy difícil hablar de todo esto con ellos. Tengo dos hijas grandes, pero sobre todo con el chiquitito que tiene siete años, a veces me pregunta ‘mamá por qué papá no va a trabajar más a Buenos Aires y no va más a Concordia’, y a uno se le hace un nudo en la garganta realmente, porque no podés explicarle a un chico que esto le pasa por ser honesto. La verdad que es muy duro. Estamos pasando una situación muy difícil. Pero yo creo en la justicia y creo que esto va a llegar a buen puerto.

Lo que dice Diario La Nación: Cómo habría sido la maniobra fraudulenta

La denuncia que investiga el juez federal Ariel Lijo se refiere a manejos dentro del ámbito de competencia exclusiva de la Argentina -el llamado Sector de Obras No Comunes Argentino (Sonca)- de Salto Grande y fue presentada por uno de los delegados nacionales argentinos, Enrique Stola. En su presentación, Stola hizo referencia a un informe oficial que advirtió irregularidades. Se trata de una auditoría que tomó únicamente 11 expedientes de reclamos, los analizó y detectó anomalías en seis.

Sólo por esas indemnizaciones, Energía habría pagado unos 4 millones de pesos de más. Stola informó que se falsearon planos en la municipalidad de Santa Ana, Entre Ríos, y que eso permitió que particulares que ocuparon terrenos expropiados fueran declarados dueños de esas tierras, con vista al lago, a través de juicios fraudulentos. Pero eso no fue todo: algunos de estos ribereños reclamaron después ser indemnizados.

Es decir que el Estado, que había adquirido las tierras porque estaban expuestas a inundarse con facilidad, no sólo las perdió, sino que, además, debía resarcir a sus ocupantes. Como acusa a otros funcionarios de la delegación argentina, la denuncia judicial generó un pésimo clima dentro del organismo. «Esto se podría haber manejado distinto», dijo al diario La Nación Juan Carlos Cresto, el presidente actual de la CTM. «Es cierto que hubo irregularidades, por eso ahora hemos cambiado todo el sistema de medición de daños, pero Stola se apresuró. Salto Grande es una empresa seria, de mucho prestigio, y eso debió haberse protegido», afirmó.

Cresto admitió que una reciente auditoría encargada a un estudio contable recomendó hacer un sumario administrativo en el Sonca. Según informó, esa auditoría sostuvo que el sistema de medición de daños que se usó desde que empezó a funcionar la represa daba pie a irregularidades. «Nunca pretendimos ocultar nada. Yo sólo quería hacer el sumario interno antes de llevar el caso a la Justicia», dijo el presidente de la comisión. El juez de la causa dispuso diversas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Por lo pronto, pidió a la municipalidad de Santa Ana todos los planos y documentos de los terrenos que estarían invadiendo la línea fiscal, y a la Secretaría de Energía, el detalle de todos los movimientos de fondos para determinar qué pagos se realizaron y a quiénes. Además, le reclamó a Salto Grande que le entregara todos los expedientes iniciados como consecuencia de pedidos de indemnización. Los documentos llegaron esta semana al juzgado. Son pilas y pilas de carpetas que aún no fueron analizadas. (Fuente La Nación

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