22 de octubre de 2010 | Provinciales.

Elevaron a juicio la causa por los desparecidos de Concordia durante la última dictadura militar

Están imputados Harguindeguy, Díaz Bessone y Dasso, por los casos de los militantes Solaga y Zalazar. Se acumula a las actuaciones por 18 estudiantes secuestrados en Concepción.

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay elevó a juicio la causa Área Concordia, en la cual se investiga las desapariciones de dos militantes de esa ciudad durante la última dictadura militar. Este expediente se acumuló a la causa Harguindeguy, que fue la primera en llegar al Tribunal Oral Federal de Paraná por delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos.

Los autos “Fiscal general solicita desarchivo de causas por desaparición de personas – Área Concordia” tienen como imputados al ex ministro del Interior del régimen militar, Albano Harguindeguy; al comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976, Ramón Genaro Díaz Bessone, y al ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso.

Harguindeguy y Díaz Bessone también serán juzgados en la primera causa que llegó al tribunal, por el secuestro y torturas de 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal. Por este motivo, los jueces decidieron la acumulación a ella del expediente Área Concordia.

A los tres represores se les imputa su responsabilidad en el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalazar, y en la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalazar y un militante que luego, en democracia, ejerció el periodismo en medios concordienses.

El juicio oral y público por las dos causas no se realizará en Paraná, donde el Tribunal tiene su sede, sino en Concepción del Uruguay, debido a un pedido especial de la querella que representa la abogada María Isabel Caccioppoli, indicó a UNO la profesional.

Resta definir la integración completa del tribunal. Por el momento los miembros son Lilia Carnero (presidenta) y Roberto López Arango, y todavía no se ha resuelto quién ocupará el tercer lugar. Como fiscales actuarán Marina Herbel y José Ignacio Candioti.

Secuestrados y desparecidos
Julio Alberto Solaga fue secuestrado la noche del 22 de noviembre de 1976, frente a su casa de Concordia, cuando estaba conversando con un vecino. Tres personas de 40 a 45 años, robustas, que dijeron ser de la Policía Federal, lo escoltaron hasta introducirlo en un Renault 12 blanco, sin patente, que era vox pópuli que era utilizado por el Regimiento local para apresar ilegalmente a los opositores políticos. Desde entonces no se tuvieron más noticias sobre su paradero.

A Sixto Francisco Zalazar lo secuestró un grupo de tareas de cuatro personas el 26 de mayo de 1976, a las 6.45 de la mañana, cuando iba hacia su trabajo. Trató de evadir el operativo, se metió en la casa de un vecino en calle Diamante y de allí lo sacaron los secuestradores. Hasta la fecha sigue desaparecido.

La tercera víctima es un hombre que fue detenido ilegalmente el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, por parte de personal militar. Fue alojado en el Regimiento de Tanques VI de Concordia, luego durante 20 días en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, posteriormente en la cárcel de Gualeguaychú y finalmente en la de Coronda hasta el momento en que fue liberado.

Por escrito
Esta causa tiene la particularidad de contar entre el material de prueba con una voluminosa documentación conseguida por el delegado en la Capital del Citrus de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Rubén Bonelli.

“Que yo tenga conocimiento, es el primer antecedente de documentación oficial de la época de la dictadura. En este expediente pudimos hallar documentos que vinculan a la Policía de Entre Ríos con los delitos de lesa humanidad, describiendo que había listas negras y que la Policía hacia inteligencia sobre los militantes políticos”, dijo Caccioppoli.

Los nombres de los desaparecidos Zalazar y Solaga aparecen en los listados de personas que eran observadas por la Policía de Entre Ríos a raíz de sus actividades políticas, junto a muchos otros que luego fueron perseguidos por la dictadura.

La abogada vinculó el hallazgo de esos archivos policiales con el atentado que sufrió en su estudio en abril este año. Es que pocas horas después de que la aparición de los documentos tomara estado público a través de los medios, sus oficinas fueron incendiadas.

“Las únicas computadoras que me sacaron fueron las que tenían las copias escaneadas de esa documental”, dijo Caccioppoli. De todos modos, la prueba ya había sido entregada a la Justicia. Los únicos dos imputados por ese atentado se encuentran en libertad.

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