22 de octubre de 2009 | Nacionales.

El Senado quiere saber quién paga la violencia política

Con el voto del propio kirchnerismo le reclamó al Gobierno que diga si hay dirigentes de organizaciones sociales de Jujuy autorizados a llevar armas. Lo había denunciado la oposición. La Cámara también pidió datos sobre la ayuda económica que brinda a esos grupos.

Caos, violencia, mafia y miedo. No se anduvo con chiquitas Gerardo Morales, que utilizó ayer en el Senado todas esas palabras para describir el clima impuesto en Jujuy por la organización social Tupac Amaru, a la que señala como instigadora del escrache que sufrió el viernes pasado. En una sesión caliente, la Cámara alta aprobó por unanimidad su «más enérgico repudio» al ataque contra el jefe de la UCR y un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique cuánto dinero le gira a las organizaciones sociales de Jujuy y cuál es el control que ejerce sobre esos fondos.

Además, se le demanda al Ejecutivo que exija al Registro Nacional de Armas la nómina de portadores en toda la provincia, para cruzar esos datos con los de los integrantes de esas organizaciones.

En su encendido discurso, Morales tildó a la organización jujeña de «grupo violento» y acusó a su líder, Milagro Sala, de «haber mutado de dirigente social a empresaria y dirigente mafiosa» que maneja «grupos armados vinculados hasta con la droga».

Aseguró además que «el gobernador está superado» por esta situación y que «se podría decir que quien gobierna hoy en Jujuy es Milagro Sala». Vinculó el crecimiento de la Tupac Amaru con que «es financiada por el Gobierno» y con que Sala «es amiga y tiene línea directa con los Kirchner».

Este punto produjo los intercambios más ríspidos en el Senado. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, salió al cruce y dijo que si bien coincidía en «la preocupación por la violencia» que es «intolerable venga de donde venga» y se solidarizaba con Morales, no podía «permitir que se haga creer que el Gobierno financia a estas organizaciones para que persiga opositores y se constituyan grupos armados en el país».

Otra jujeña, la senadora peronista Liliana Fellner, pidió «no poner un manto de sospecha sobre toda la provincia» y reivindicó la tarea social de Sala. «¿Por qué no hablar de las viviendas con las que un chico nunca hubiese soñado? Eso es dignidad», subrayó.

En cambio, María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) se sumó a Morales en el reclamo de que se investigue «si el dinero destinado a viviendas se desvía para la compra de armas».

Un tercer jujeño, el oficialista Guillermo Jenefes, respaldó a Morales y recordó que «varias veces me quejé en el bloque y en mi provincia en soledad. ¿Qué les pasaba? ¿Tenían miedo?», se preguntó. «Yo no quiero una Jujuy de violencia», advirtió, aunque dijo que «tampoco podemos sobreactuar» porque «todavía no estamos en elecciones en Jujuy».

Por lo bajo, otros legisladores oficialistas se quejaron ante Clarín de que Morales estaba exagerando su indignación, buscando sacarle rédito político. Por eso, aunque avaló el pedido de informes, el bloque del Frente para la Victoria rechazó los fundamentos del mismo, en los que se vinculaba al Gobierno con la violencia.

Ayer temprano, el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, manifestó su «preocupación» por los hechos de violencia de los últimos días. Fue casi al mismo tiempo que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró una «realidad ficticia» que se hable de escalada de violencia (pág, 4).

Durante la sesión en el Senado, Morales acusó a Aníbal de un doble discurso. El jefe de la UCR recibió información de que el mismo jefe de Gabinete que se solidarizó con él por la violencia es quien intercede ante los jueces jujeños para que libere a los integrantes de la Tupac Amaru cuando son detenidos.

Informe: Martín Bravo

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