2 de noviembre de 2009 | Destacado, Provinciales.

Diputados comenzara a debatir, «El proyecto de reglamentación de la Publicidad Oficial»

diputados_diaunoconcordiaCONVOCATORIA A “TODOS LOS PERIODISTAS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE ENTRE RÍOS

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzará el debate del proyecto de reglamentación de Publicidad Oficial y no descarta recorrer los departamentos de la provincia para interiorizarse sobre algunas realidades en particular. Para ello, el presidente de la comisión, Daniel Bescos, confirmó que ya solicitó al titular del Comfer en Entre Ríos, Néstor Rodríguez, el listado de medios existentes en la provincia.

Las consultas comenzarán a realizarse una vez que la comisión cuente con esa documentación, cuestión que esperan se concrete la semana entrante, informó Bescos a Recinto Net.

 En relación a ello, el preside de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, había anticipado la convocatoria a “todos los periodistas de los distintos medios, para que estén presentes para recibir  opiniones”.

 “Para mí es clave establecer las pautas de cómo se distribuye la publicidad oficial”, expresó el legislador, quien detalló que mediante este proyecto se busca “hacer un registro de medio, establecer claramente cuáles funcionan y cuáles no”, con el objetivo de “transparentar la forma en que se distribuye la publicidad oficial”.

 “Esto no es una cuestión para hacer a la ligera, porque es muy importante. Y es clave y fundamental escuchar a los protagonistas, que son los periodistas”, remarcó al respecto el Diputado.

 El proyecto de ley que propuso la bancada justicialista contempla la reglamentación del artículo 14 de la Constitución. Y establece criterios para los tres poderes del Estado, sus entes descentralizados y autárquicos, empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado Provincial, y la de los municipios y comunas en todos sus estamentos y organismos, y define la publicidad oficial como “toda comunicación gubernamental realizada por los organismos detallados en el artículo anterior, a través de los medios oficiales o pertenecientes al sector privado”.

 El proyecto indica que «la adjudicación de la publicidad oficial esta regida por los principios de transparencia, eficacia, acceso pluralista a las oportunidades de expresión y austeridad en la administración del gasto y, en su artículo 5º deja en manos de la ley el precio de la publicidad que se regule para cuyo pago deberá certificarse antes la emisión.

 A su vez, dice que la publicidad oficial no podrá incluir mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios constitucionales y que los contenidos “deberán tener relación directa con el objeto social” de los organismos auspiciantes.

 Para ello, se creará un Registro Público Provincial de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial en cada una de las áreas de prensa de los poderes del Estado, donde deberán inscribirse todos los medios de comunicación que deseen resultar adjudicatarios de publicidad oficial, mientras que el artículo décimo asegura que la publicidad oficial “tenderá a asegurar la distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de comunicación social que se inscriban”

 Y, establece tres criterios: «Los años de antigüedad en la actividad; la tirada, las mediciones de audiencias y, en el caso de los portales o diarios digitales, la cantidad de visitas que registren». También se valorará la especialidad en relación a la materia publicada, los programas o medios de exclusiva realización y producción local con programación extensiva como aquellos destinados a difundir principalmente información y noticias locales, entre otros puntos.

 Finalmente, propone que la medición del nivel de audiencia y consumo quede en manos de estudios ejecutados por una institución universitaria o una consultora que se adjudique la licitación pública correspondiente. “En caso de igualdad de condiciones se dará prioridad a las universidades nacionales que tengan regionales, seccionales o delegaciones en la Provincia. Los resultados de las mediciones deberán ser publicados en el Boletín Oficial” dice finalmente la propuesta del PJ.

 La UCR, también propuso un proyecto y, como el PJ, alcanza a todos los organismos, pero exceptúa al Instituto Autárquico Provincial del Seguro; al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas); la Subsecretaría de Turismo; la empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa); y Sidecreeer.

 Y, reconocen como sujetos de contratación a todos los medios pero suma la cartelería móvil o estática en la vía pública e incluso aérea y exige que cada medio tenga como responsable a una persona física o jurídica regularmente constituida.

 También ordena los fines que deberá cumplir la publicidad que no podrá utilizarse para “elogiar o destacar la gestión o fomentar los intereses de ningún partido político o perturbar las actuaciones legítimas de otro poder como transmitir mensajes discriminatorios o contrarios a los principios, y valores del régimen republicano democrático.

 A su vez, la UCR ordena una veda publicitaria entre la convocatoria a una elección general y el día posterior a la votación, ya sea nacional, provincial o de distrito, a excepción de de las campañas que tengan directa relación con la información a los ciudadanos sobre el acto eleccionario.

 Como el PJ, reclama un Registro de Medios pero menciona que allí debe consignar el número de inscripción como contribuyente en Ingresos Brutos; inscripción en la DGI, certificación de firmas por institución bancaria o escribano público, inscripción provisoria o definitiva en el COMFER; grillas de programación, las que deberán ser actualizadas anualmente,, y una declaración jurada, según la facturación del ejercicio anterior, de la proporción de ingresos por avisos oficiales sobre el total.

 A su vez, desecha la posibilidad de la contratación directa mientras propone un registro de precios testigos y criterios geográficos para la distribución cuyos montos se asignarán en un 35% a las radios; en un 23 a los medios gráficos, en un 18 a los portales y un 15 a la televisión. El 7 por ciento será para aias de publicidad y productoras y un 2 por ciento a la publicidad estática, cartelería y toda otra publicidad en la vía pública.

  El texto propone que el Tribunal de Cuentas audite anualmente los gastos, cuyo dictamen deberá ser publicado en el Boletín Oficial y en el portal de Internet del Poder Ejecutivo. También crea la Auditoria de Control Externo, que dependerá e informará al Poder Legislativo, a la que se invitará a integrar a tres (3) legisladores de la Cámara de Diputados y tres (3) de la Cámara de Senadores, a las Universidades que posean carreras de grado vinculadas a la comunicación social y a las Organizaciones No Gubernamentales que hayan desarrollado trabajos o estudios vinculados a la comunicación social o a la transparencia de los actos de gobierno. (APF.Digital

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