16 de febrero de 2010 | Concordia.

Copamiento del aeroclub Concordia

Es el primero desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal. En la mañana de ayer se dio por acabada la instancia investigativa en el caso del copamiento del Aeroclub Concordia, ocurrido en la madrugada del 20 de septiembre del año pasado. El hecho ocurrió alrededor de la 01.30 del sábado 20, en el predio del Aeroclub Concordia. Según preciaron las victimas en su momento, los malvivientes ingresaron por una ventana, cuyo vidrió habían roto previamente con una palo, y a los tiros comenzaron a pedir “toda la plata” más precisamente pedían “los doscientos mil o la droga”.

Los caseros, un matrimonio de 70 y 72 años, refirieron que los asaltantes hablaban de un supuesto cargamento que habría llegado en una avioneta roja y mencionaron los apellidos de dos pilotos socios del club. Tras pegar unos tiros en la pared y encerrar a la mujer en el baño, los malvivientes se hicieron de las llaves de los aviones que estaban en el hangar y de una suma de $1500 que la pareja poseía en una caja fuerte.

Las cosas parecieron complicarse para los mal informados copadores, que se dieron raudamente a la fuga, cuando apareció un móvil de la comisaría 5º y comenzó a perseguirlos. Según precisaron después oficiales de esta dependencia, alcanzaron a ver al menos un cómplice que logró escapar, aprovechando la oscuridad de la noche y la tupida maleza del lugar. Mientras tanto, otra comisión policial se dirigió a la zona del hangar, donde sorprendió a Odiar de Conceiçao Correa (52), de nacionalidad brasilero, y a Francisco Federico Fernández (50), un ex funcionario de la prefectura Naval Argentina oriundo de Misiones, devenido en supuesto remisero. Al momento de ser aprehendidos, Correa tenía en su bolsillo el tambor-cerrojo de la puerta de uno de los aviones y Fernández intentaba cargar bidones de combustible, aunque ninguno portaba armas de fuego, ni se hallaron en el lugar del hecho, las pruebas delataban que intentaban huir en un avión Cesna 128, y luego se supo que el brasilero, era piloto de aeronaves.

Un dato importante en el caso es el hecho de que los dos detenidos estaban hospedados en un hotel no muy lejano al Aeroclub, donde habían dejado en el cuarto que rentaban, un aparato de Posicionamiento Global, barios chips de telefonía celular de Brasil y Paraguay, y tarjetas de crédito y de cuentas bancarias de ambos países, por lo que se cree que al menos uno de los dos, tenía pensado regresar al hotel y que estos formaban parte de una red criminal internacional. Además, Fernández, había dejado un automóvil a nombre suyo en la puerta del domicilio copado, lo que evidencia sus intenciones de regresar al hotel, luego del hecho.

Con el correr de las primeras audiencias en sede judicial, la fiscal Silvina Gallo comprobó que los dos detenidos poseían frondosos prontuarios en el tráfico de sustancias prohibidas, uso de armas y falsificación de documentos públicos, y aunque ciertamente no se llegó a probar que Fernández y Correa hallan participado del copamiento al domicilio de los caseros en el que se usaron armas de fuego y se privara de la libertad a una mujer de 72 años, ambos fueron imputados por el delito de “robo calificado en grado de tentativa” entendiéndose que fueron estos concientes de la totalidad del hecho acontecido ya que habían llegado al lugar junto a los otros perpetradores, que habían logrado escapar y que las llaves del hangar fueron conseguidas por medios violentos, a punta de pistola.

Ante esta situación el abogado defensor de los encartados, Edelmiro Jesús Díaz Vélez, presentó un extenso requerimiento de no elevación a juicio, señalando entre otras cosas, su disconformidad con la calificación del hecho, dado que no se habría probado que alguno de los imputados portara armas de fuego o hubiese estado en el interior de la vivienda. Ayer por la mañana, el Juez de Garantías resolvió no hacer lugar a este pedido, declarando la elevación a juicio, del que será el primer caso judicial investigado íntegramente por la Fiscalía, donde el juez actuó solamente como autoridad de control, y en un sistema estrictamente oral; aunque cabe aclarar, que por falta de recursos materiales, las primeras audiencias se registraron por escrito. La causa fue investigada y hecho el pedido de elevación en cuatro meses, y luego de varias apelaciones respecto de la investigación y las medidas de prisión preventiva, finalmente fue remitida a la Cámara Penal.

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